En una investigación por lavado, la carga de demostrar el origen lícito recae sobre el imputado. Decirlo no alcanza — hay que probarlo.
El lavado de activos está regulado en la Ley 19.913 y consiste en ocultar, transformar o transferir bienes o dinero de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En Chile es un delito autónomo: puede investigarse y sancionarse aunque el delito base no esté probado o aunque el imputado haya sido absuelto en ese proceso.
Esto tiene una consecuencia práctica muy importante: el Ministerio Público no necesita probar que tú cometiste el delito del que proviene el dinero. Solo necesita acreditar que los bienes tienen origen ilícito y que tú lo sabías o debías saberlo.
Cuando hay una investigación por lavado, la pregunta no es si el dinero es tuyo. La pregunta es de dónde viene. Y demostrar el origen lícito es más difícil de lo que parece.
Decir "lo gané trabajando" o "lo tenía ahorrado" son afirmaciones que deben respaldarse con documentación concreta:
Sin esa documentación, la versión del imputado no tiene sustento probatorio y el tribunal puede no darle credibilidad.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibe reportes de operaciones sospechosas de bancos, notarías, casas de cambio y otras entidades. Cuando detecta patrones inusuales — depósitos fraccionados, transferencias sin justificación, movimientos inconsistentes con el nivel de ingresos declarado — puede enviar esos antecedentes al Ministerio Público e iniciar una investigación penal.
Muchos imputados por lavado se enteran de la investigación cuando ya hay antecedentes acumulados durante meses. Por eso la intervención temprana del abogado es clave.
Si estás siendo investigado por lavado de activos o recibiste una citación relacionada con el origen de tus fondos, escríbeme antes de declarar.
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