Abogado lavado de activos en Chile

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos (Art. 27 Ley 19.913) es el delito de ocultar, transformar o transferir bienes o dinero de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En Chile es un delito autónomo: puede investigarse incluso si no se prueba el delito base en juicio.

Decir "es mi dinero" no basta. La defensa debe demostrar el origen lícito de los fondos a través de documentación, trazabilidad bancaria y contexto económico del imputado. Sin una estrategia bien construida, el riesgo de condena es alto.

Por qué no basta decir "es mi dinero"

El Ministerio Público no necesita probar que el imputado cometió el delito base. Basta con acreditar que los bienes provienen de actividad ilícita y que el imputado lo sabía o debía saberlo. La inversión de la carga probatoria obliga al imputado a demostrar el origen lícito.

Modalidades del delito

• Conversión o transferencia de bienes ilícitos
• Adquisición de bienes con fondos de origen delictivo
• Ocultamiento del origen de activos
• Uso de estructuras societarias para ocultar fondos
• Operaciones sospechosas reportadas por la UAF

Cómo construyo la defensa

• Análisis de la trazabilidad de fondos
• Documentación del origen lícito del patrimonio
• Revisión de reportes UAF y antecedentes bancarios
• Evaluación del delito base y su vinculación
• Estrategia ante Fiscalía desde la formalización
• Impugnación de medidas cautelares reales

¿Puedo ser investigado por lavado si no cometí el delito base?

Sí. En Chile el lavado de activos es un delito autónomo. La Fiscalía puede investigarte y formalizarte aunque el delito base no esté probado o aunque hayas sido absuelto en ese proceso.

¿Qué es la UAF y qué rol tiene?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibe reportes de operaciones sospechosas de bancos, notarías, casas de cambio y otras entidades. Puede dar inicio a una investigación penal enviando antecedentes al Ministerio Público.

¿Pueden embargarme bienes durante la investigación?

Sí. La Fiscalía puede solicitar medidas cautelares reales (incautación, prohibición de celebrar actos y contratos) sobre los bienes presuntamente relacionados con el delito. Es fundamental impugnarlas oportunamente.